RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto analizar los estados contables correspondientes al ejercicio fiscal 2025 del Municipio, a fin de evaluar su situación económica, financiera y patrimonial, así como las tendencias estructurales que se observan en la administración de los recursos públicos.

Del análisis efectuado surge que el municipio continúa evidenciando una situación de fragilidad financiera estructural, caracterizada por una elevada dependencia de recursos provenientes de otras jurisdicciones, una limitada capacidad de generación de ingresos propios y una estructura de gasto fuertemente concentrada en el pago de personal.

Estos factores, combinados, reducen significativamente la capacidad de planificación, limitan el margen para la inversión en infraestructura y condicionan el desarrollo de políticas públicas sostenibles en el tiempo.

ESTADO DE SOLVENCIA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

El estudio de la rendición de cuentas permite observar con claridad la evolución del resultado financiero acumulado y la situación patrimonial del municipio al cierre del ejercicio.

Al finalizar el año 2025, el resultado acumulado presenta un saldo negativo de $2.393.862.256, lo que refleja la persistencia de un desequilibrio financiero significativo.

Este resultado evidencia que el municipio continúa operando con un déficit estructural, lo que obliga a sostener la gestión mediante mecanismos de corto plazo, dificultando la implementación de planes de saneamiento financiero y limitando la posibilidad de encarar proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo.

La continuidad de resultados negativos en ejercicios sucesivos constituye un factor de riesgo para la estabilidad económica del municipio, en tanto reduce su capacidad de respuesta ante contingencias y aumenta su dependencia de transferencias externas.

ESTRUCTURA DE INGRESOS: DEPENDENCIA DE RECURSOS EXTERNOS

La composición de los ingresos municipales es un indicador central para medir el grado de autonomía financiera de una administración local.

Durante el ejercicio 2025 se observa que los ingresos provenientes de coparticipación provincial y nacional alcanzan aproximadamente $17.749 millones, mientras que la recaudación por tasas y tributos municipales asciende a $8.029 millones.

Esto implica que más de dos tercios de los recursos corrientes dependen de transferencias automáticas u otras remesas provenientes de niveles superiores del Estado, lo que limita la capacidad de decisión local y condiciona la planificación presupuestaria.

Asimismo, del análisis de los estados contables surge que el monto correspondiente a deuda por tasas municipales impagas supera los $2.314 millones, lo que refleja dificultades en los niveles de cobrabilidad y evidencia la necesidad de modernizar los sistemas de gestión tributaria, fortalecer los mecanismos de control y generar incentivos que promuevan el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Una mayor eficiencia en la recaudación permitiría mejorar la autonomía financiera y reducir la dependencia de recursos externos.

ANÁLISIS DEL GASTO: EL MUNICIPIO COMO "PAGADOR DE SUELDOS"

El análisis de la estructura del gasto permite identificar el grado de flexibilidad con el que cuenta el municipio para asignar recursos a distintas políticas públicas.

Durante el ejercicio 2025, el gasto en personal —incluyendo remuneraciones y contribuciones patronales— asciende aproximadamente a $22.853 millones, lo que representa cerca del 79% de los ingresos corrientes.

Este nivel de participación del gasto en personal configura una estructura presupuestaria altamente rígida, en la cual la mayor parte de los recursos disponibles se destina al sostenimiento del funcionamiento administrativo, reduciendo significativamente el margen para financiar servicios, mantenimiento urbano, programas sociales y obra pública.

En términos prácticos, esto implica que menos de una cuarta parte de los recursos corrientes queda disponible para el resto de las funciones municipales, es decir, solo 2 de cada 10 pesos que ingresan quedan disponibles para mantenimiento de calles, seguridad, salud y obras, lo que limita la capacidad de respuesta ante las demandas de la comunidad.

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Otro indicador relevante para evaluar la sustentabilidad de la administración es el nivel de inversión en bienes de uso y el mantenimiento del patrimonio público.

En el ejercicio analizado, la amortización de bienes de uso —que refleja el desgaste anual de maquinaria, vehículos e infraestructura— asciende a aproximadamente $60,2 millones, cifra que resulta baja en relación con el volumen total del presupuesto municipal.

Este dato sugiere que el ritmo de reposición de equipamiento e infraestructura no acompaña el nivel de utilización, lo que puede derivar en un deterioro progresivo del patrimonio municipal y en mayores costos futuros de reparación o reemplazo.

La ausencia de una política sostenida de inversión limita la capacidad operativa del municipio y afecta la calidad de los servicios públicos.

UTILIZACIÓN DE FONDOS AFECTADOS PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES

Del análisis de los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 surge que el municipio ha utilizado recursos provenientes de fondos con afectación específica para atender erogaciones correspondientes a Rentas Generales, por un monto total de $ 3.515.521.443,57.

La utilización de fondos afectados para financiar gastos corrientes constituye un indicador relevante de tensión financiera, en tanto implica la aplicación transitoria de recursos que poseen un destino determinado por normativa, convenios o disposiciones legales específicas.

Dentro de dicho monto, resulta particularmente significativo que aproximadamente $ 2.250 millones corresponden al Fondo de Financiamiento Educativo, cuyos recursos tienen como finalidad prioritaria el sostenimiento y fortalecimiento de políticas vinculadas a educación, infraestructura escolar y programas educativos.

Si bien la normativa permite en determinadas circunstancias la utilización transitoria de fondos afectados, esta práctica refleja dificultades en la disponibilidad de recursos de libre afectación y evidencia limitaciones en la capacidad de financiamiento del gasto corriente mediante ingresos ordinarios.

El uso reiterado o en magnitudes elevadas de este mecanismo puede comprometer la ejecución de programas específicos y generar distorsiones en la planificación presupuestaria, afectando la transparencia y la previsibilidad en la administración de los recursos públicos.

En este sentido, el volumen de fondos afectados aplicados a gastos generales durante el ejercicio 2025 constituye un elemento adicional que confirma la existencia de restricciones estructurales en la situación financiera municipal, ya señaladas en los apartados anteriores.

CONCLUSIONES

Del análisis de la Rendición de Cuentas 2025 se desprenden las siguientes conclusiones principales:

• Persiste un déficit financiero acumulado significativo, que condiciona la gestión futura y limita la capacidad de planificación.
• Se mantiene una alta dependencia de recursos provinciales y nacionales, lo que reduce la autonomía financiera del municipio.
• La estructura del gasto presenta una fuerte concentración en personal, generando una elevada rigidez presupuestaria y reduciendo el margen para la inversión y la mejora de los servicios públicos.
• Se observa un bajo nivel de inversión en bienes de uso, lo que compromete el mantenimiento del patrimonio municipal y la capacidad operativa de la administración.
• Durante el ejercicio 2025 se verificó la utilización de fondos afectados para financiar gastos de rentas generales por más de $ 3.515 millones, incluyendo una suma aproximada de $ 2.250 millones provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, lo que constituye un indicador adicional de restricciones financieras y de insuficiencia de recursos de libre disponibilidad.
• La magnitud de los fondos afectados utilizados para cubrir gastos corrientes confirma la existencia de desequilibrios estructurales en las finanzas municipales, que obligan a recurrir a mecanismos extraordinarios para sostener el funcionamiento habitual del Estado local.